El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, apeló a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a los socialistas en su exigencia de que comparecezcan los responsables de empresas privatizads cuando éstas presten un servicio público.

Así, exigen la presencia de Irala en el Congreso para que dé cuenta del "constante deterioro del servicio", del "descenso de las medidas de seguridad" y de las "garantías de servicio para los ciudadanos" que, a su juicio, se vienen produciendo desde la privatización de la compañía.

Caldera inscribió el "grave incidente" ocurrido ayer en el sistema informático de Iberia dentro de los efectos de la política de reducción de las inversiones, que cifró en el8 por ciento, y de recorte de rutas y personal que está llevando a cabo la compañía aérea desde su privatización.

Además, los socialistas quieren que el responsable de Fomento comparezca, puesto que son los poderes públicos los que tienen atribuida la responsabilidad de inspeccionar y garantizar las medidas de seguridad de las aeronaves.

En este sentido, Caldera denunció que el Gobierno no está realizando las tareas de inspección a las que está obligado y reclamó más control y sanciones para los nfractores.

Según el portavoz del PSOE de los tres inspectores que cuidan de vigilar la seguridad de los aparatos de Iberia, dos son pilotos de la propia compañía y sólo uno pertenece a Aviación Civil.

Finalmente, elogió el "comportamiento ejemplar" de todos los trabajadores de Iberia durante todo el día de ayer, puesto que gracias a su esfuerzo de atenuaron los efectos negativos del incendio de la central informática de Iberia.

TELEFONICA

Por otro lado, el portavoz socialista se refirió auna información publicada hoy en "El Mundo" que anuncia la próxima presentación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una querella contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por presunto uso de información privilegiada.

Según Caldera, de confirmarse esta información, quedaría demostrado que existen responsabilidades políticas del Gobierno en el proceso de privatización y que quieren ocultar su gestión al "oponerse" al control parlamentario de la venta de empresas públicas.

Para Caldea, "hay evidentes complicidades del Gobierno" en actuaciones que han podido ser delictivas y "si hay responsabilidades penales, quiere decir, sin ninguna duda, que hay responsabilidades políticas en quienes maquinaron la privatización y la venta de estas grandes compañías, y en el modo en que lo hicieron".