Para la compañía presidida por Ignacio Galán, sólo se reducirán emisiones de manera eficiente si se internaliza el coste del derecho de CO2 como un nuevo coste variable más de la producción de energía eléctrica. Esta medida provocaría que las tecnologías de generación menos emisoras de CO2 ganarán competitividad en el mercado, desplazando a las más emisoras.

Iberdrola ha planteado, asimismo, que algunas de las interpretaciones del Real Decreto Ley 3/2006 están suponiendo una barrera para la internalización de dicho coste medioambiental.

Argumenta que sólo la devolución de todos los ingresos derivados de la actual asignación gratuita de derechos de emisión, con independencia de la producción de electricidad o las emisiones, evitará la distorsión del mercado.

Adicionalmente, la eléctrica considera que cualquier mecanismo que fije precios, de forma directa o indirecta, introduce ineficiencias tanto en el mercado eléctrico como en el mercado de derechos de CO2.

Iberdrola estima que, a diferencia de los demás sectores industriales, el eléctrico es el único que tiene potencial tecnológico para reducir las emisiones y la posibilidad de internalizar el coste de las mismas sin ver afectada su competitividad.

El potencial de reducción de emisiones del sector eléctrico, defendido desde el primer momento por Iberdrola, se basa en la instalación de nuevas centrales de generación de energía limpia (ciclos combinados de gas y energías renovables, fundamentalmente parques eólicos), "que deben sustituir paulatinamente a las plantas obsoletas de fuel y carbón", según la eléctrica.

La compañía recuerda al Ejecutivo que España ya es el país industrializado que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kioto, con unas emisiones que en el año 2004 superaron en un 48% las de 1990, frente al objetivo de no rebasarlas en más del 15%.