Oriol expresó así, en una rueda de prensa previa a la Junta General de Iberdrola, su protesta por la obligación actual de todas las empresas eléctricas privadas de comprar parte de la producción de la empresa estatal Endesa, y por el retraso del Ministerio de Industria en valorar los activos sometidos a la moratoria nuclear e indmnizar a las sociedades propietarias.

Entre los motivos de Iberdrola para negarse a cumplir con los compromisos de inversión que dicte el PEN figura, según Oriol, su suficiencia generadora para hacer frente a la demanda del mercado energético en 1992 y 1993, sin necesidad de comprar electricidad a Endesa.

Además, indicó que si se mantiene la actual obligación de adquirir parte de la producción de Endesa, Iberdrola llegará a fin de siglo con un excedente de energía de 5.565 gigawatios (Gw), lo quehace totalmente injustificable acometer nuevas inversiones, y un sobrecoste en la generación de 170.000 millones de pesetas.

"Si esto no fuese así", añadió, "el grupo Iberdrola necesitaría del orden de 2.000 megawatios (Mw) de base durante el citado periodo, lo que supondría una inversión del orden de 150.000 millones de pesetas".

Aunque condicionó cualquier decisión a conocer con exactitud el desarrollo normativo del PEN, adelantó que la covergencia que persigue el Gobierno exige más competitiviad, en igualdad de condiciones para todas las empresas del sector, y rentabilidad. "Que me exijan inversiones, pero con rentabilidad", apostilló.

Otra de las críticas del presidente de Iberdrola al Gobierno fue la "indefinición" que le caracteriza para hacer frente a la valoración de los activos nucleares en moratoria e iniciar una negociación con las empresas afectadas, para acordar la forma de recuperar esas inversiones.

Iñigo Oriol rechazó la crítica de algunos sectores industriales sobre el eevado coste de la energía y su incidencia en el precio final de los productos, señalando que en la factura "existen muchas más cosas que el precio de la luz", y citó como ejemplo la compensación por las inversiones "congeladas" con la moratoria nuclear.

Iberdrola, fruto de la fusión de Iberduero e Hidrola en junio del año pasado, cifra su participación en las centrales nucleares paralizadas en 516.051 millones de pesetas, un 17 por cien de los activos totales del grupo, después de rebajar en unos 20.00 millones de pesetas la valoración del año pasado para adaptarse a las cuentas del Ministerio de Industria.

RECIPROCIDAD CON TRACTEBEL

También hizo referencia al acuerdo alcanzado por Iberdrola con la sociedad belga de generación eléctrica Tractebel, para venderle el 3 por cien de la empresa española por unos 20.000 millones de pesetas.

Oriol afirmó que el acuerdo alcanzado con la empresa belga es recíproco, por lo que Iberdrola podría optar a la compra de un 3,3 por cien de Tractebel y a la clocación de una persona en su consejo de administración.

No obstante, algunos responsables financieros de la compañía señalaron que existe dicha reciprocidad, pero reconocieron que no hay una decisión firme en Iberdrola para acceder a la compra de un 3,3 por cien de la empresa eléctrica belga.

DIVIDENDO 1991

El presidente de Iberdrola presentará en la Junta General de Accionistas unos beneficios netos de 70.619 millones de pesetas en 1991, un 38,4 por cien más que en 1990, de los que 50.409 milones serán destinados al reaprto de dividendos.

El volumen de negocio de la compañía durante el año pasado ascendió a 792.957 millones de pesetas, de los que 748.581 millones procedían directamente de las ventas de electricidad.

Por su parte, los gatos ascendieron a 471.954 millones, 307.900 por compras de energía a Endesa, combustible y el pago del canon a la dueña de la red, la empresa estatal Redesa, y 163.979 millones por gastos operativos, principalmente los costes de personal.

Iberdrol tiene previstas unas inversiones en instalaciones de 102.600 millones de pesetas en 1992, un 20 porcien más que el año pasado, de los que 12.500 corresponderán a plantas hidroeléctricas, a térmicas convencionales y nucleares, 46.050 millones a instalaciones de transporte y distribución y 12.950 millones a otros edificios, instalaciones y sistemas informáticos.