Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el consejero delegado de la compañía, Ignacio Galán y su director de Estrategia, José Luís del Valle, durante la presentación de los resultados obtenidos por Iberdrola en el pasado ejercicio.

Según consideró Galán, la premisa fundamental de la propuesta es que la Directiva comunitaria aprobada en 2002 sobre comercio de emisiones para reducir los gases de efecto ivernadero, basada en el Protocolo de Kioto, "está hecha para ser cumplida" y destacó la importancia que las compañías eléctricas pueden desempeñar en el proceso.

En este sentido, aseguró que las asignaciones de los derechos de emisión "deben basarse en la capacidad tecnológica de los sectores para reducir las emisiones", así como en su potencial de internalización de costes, por lo que propuso que los citados derechos se asignen "preferentemente" al resto de los sectores industriales afectados para qu se pueda mantener el crecimiento económico.

De esta forma, las compañías eléctricas tendrían menos derechos de emisión, ya que la tecnología que proporcionan las centrales de ciclo combinado permite afrontar con garantías la reducción de gases contaminantes, de forma que se podrían asignar un mayor volumen de derechos a los otros sectores, como el cementero.

Según el primer ejecutivo de Iberdrola, un Kw/h de carbón emite casi un kilo de CO2, mientras que un Kw/H de fuel desprende 750 gramos y elde gas solamente 350 gramos.

SIN MODIFICAR TARIFAS

En cuanto a la asignación, Galán afirmó que "lo más justo es que fuera individualizada" para cada eléctrica, en función de la tecnología disponible y de los Kw/h por hora producidos. Según los cálculos de Iberdrola, con esta propuesta se reduciría un 60% las emisiones nocivas en el sector sin necesidad de modificar las tarifas.

El consejero delegado consideró que el nuevo modelo contribuiría al cumplimiento de la Directiva y aumentaría la produción energética en España, al mismo tiempo que se reduciría el coste total que suponen las emisiones de gases nocivos para España.

"Además, se contribuirá a la competitividad de la industria española evitando la deslocalización y sin necesidad de modificar el marco tarifario. Es solidario, responsable y defiende los intereses de los accionistas de Iberdrola", añadió Galán.