El pasado 22 de abril, el juzgado de Bilbao rechazó la declinatoria de jurisdicción planteada por EDF y confirmó su competencia para acordar medidas cautelares contra la empresa francesa.

Previamente, el 25 de marzo, este juzgado dictó un auto por el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola. Se trata de una "exigencia de información", por la que EDF tendrá que dejar claro cuáles son sus planes sobre Iberdrola y si piensa lanzar una opa sobre la eléctrica española.

Días después, EDF recurrió esta decisión basándose en que un tribunal español no tiene competencias sobre una compañía francesa.

El juez de Bilbao entiende que España es tanto el lugar donde se ha producido el hecho causal de los daños (donde se promociona la "estrategia" indirecta o se toleran simplemente determinadas noticias a lo largo de "un lapso inmoderado de tiempo"), como el lugar en donde se verifican los daños (con independencia de que éstos se extiendan a otras jurisdicciones). De ahí que un juzgado español tenga competencias y no se vaya a remitir el caso a la justicia francesa.

Asimismo, el juez recuerda que cabe dictar órdenes de ejecución forzosa contra EDF en España, con independencia del trámite que sea necesario seguir para su ejecutividad en Francia, e insta a la compañía gala a cumplir las medidas cautelares. Por su parte, el Ministerio Fiscal se ha pronunciado a favor de la competencia del juzgado.

De mantener cada parte su posición, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será quien, previsiblemente, tendrá que decidir si un juzgado español tiene competencia para obligar a la francesa EDF a informar sobre sus intenciones en la eléctrica Iberdrola, según informó a Servimedia una fuente del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.