EDF y la constructora ACS barajan la posibilidad de lanzar una opa sobre la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, que ha dejado claro su rechazo frontal a esta posibilidad.

En recientes declaraciones a la prensa, Sánchez Galán sostuvo que, si estas conversaciones dificultaran a Iberdrola la compra de la empresa estadounidense Energy East, con el consiguiente perjuicio para sus accionistas, no dudaría en acudir a los tribunales.

La Comisión de Servicios Públicos de Nueva York, organismo encargado de autorizar la venta de Energy East, ha aplazado su decisión de permitir o no esta compra-venta (prevista para hoy miércoles, tras un aplazamiento previo) hasta el próximo 17 de marzo. Un día después de comunicar esta decisión, Iberdrola ha acudido a Bruselas para hacer frente a lo que considera una situación ilegal en Francia.

Según explicó hoy una fuente de Iberdrola a Servimedia, la empresa considera que la legislación de Francia establece una peculiar acción de oro estatal en la sociedad pública EDF, blindando de forma ilegal a esta compañía ante el interés de otros grupos por entrar en su capital.

Esta normativa contraviene, alega Iberdrola, los dos pilares básicos del mercado único en la Unión Europea: la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

El Estado francés ostenta (con independencia de las acciones que posea en EDF) una posición privilegiada en la gestión y administración de la sociedad, de modo que, de un total de 18 miembros del consejo de administración, el Estado francés nombra directamente por decreto a seis consejeros, al presidente y al consejero delegado, teniendo además la facultad de designar entre uno y cinco apoderados, añadió Iberdrola. Además, designa a otros seis consejeros a través de la junta general, controlada también por el Estado.

El Estado francés posee el 84,9% del capital de EDF, del que un 70% está excluido del mercado de valores francés. Sólo mediante la modificación legal en el Parlamento, el Gobierno galo podría vender total o parcialmente del 70% de EDF.

Iberdrola entiende que la consecuencia de esta "acción de oro a la francesa" es la disuasión de potenciales inversores de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. "Los inversores carecen de la posibilidad de participar y beneficiarse en operaciones de cambio de control o de adquisición de participaciones significativas", agregó.

La denuncia de Iberdrola ante la Comisión por la actuación del Estado francés se fundamenta en que cualquier persona física o jurídica, sin acreditar ningún interés directo o específico, puede poner en conocimiento de las Comunidades Europeas, mediante denuncia, la existencia de normas o medidas estatales que infrinjan el Derecho comunitario.

Las medidas "denunciadas no entran dentro de las posibles excepciones permitidas por la normativa comunitaria. Además, la petición de Iberdrola se apoya en la reciente jurisprudencia comunitaria, que se ha pronunciado respecto a supuestos similares", según la eléctrica.

A partir de ahora, corresponde a la Comisión incoar expediente por incumplimiento del Derecho comunitario a partir de la admisión de la denuncia, así como decidir la tramitación o el archivo tras solicitar información al Estado francés como parte denunciada.

Si Bruselas opta por tramitar la denuncia, ésta se podría concretar en un dictamen motivado contra el Estado francés, ante cuyo eventual incumplimiento la Comisión podría acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).