Una denuncia que se suma a la que la compañía española presentó, también ante Bruselas, contra Francia el pasado 27 de febrero, por considerar que la eléctrica francesa EDF tiene "un blindaje ilegal".

Además, Iberdrola se ha personado en el expediente abierto por la Comisión Europea a EDF por abuso de posición de dominio y ha solicitado intervenir en apoyo de la CE en otro proceso de ayudas de Estado a la eléctrica gala.

Todas estas iniciativas se enmarcan en la polémica que han suscitado las conversaciones de EDF y la constructora ACS en torno al lanzamiento de una opa sobre la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, quien ha mostrado en repetidas ocasiones su total rechazo a esta posibilidad.

Según informó hoy una fuente de Iberdrola a Servimedia, esta eléctrica entiende que el Estado francés ha violado los artículos 87 y 88 del Tratado de la UE, relativos a las ayudas de Estado, por el modo en que ha implementado la vinculación del régimen francés de jubilación del ramo de las industrias eléctricas y del gas (en el que figura EDF) a los regímenes de jubilación de derecho común.

Cuando, en 2003, empezó la privatización de las eléctricas y gasísticas francesas, estas entidades se convirtieron en sociedades mercantiles, con la consiguiente obligación de asumir todos los compromisos por pensiones de sus empleados con la Seguridad Social.

Pese a que la Comisión Europea consideró que dicha vinculación no constituía una ayuda de Estado -en base al compromiso expreso de Francia de que la transferencia sería financieramente neutra para las empresas, los regímenes receptores y el Estado-, Iberdrola considera que se ha incumplido esa obligación y que la aportación de las industrias ha sido insuficiente.

Iberdrola estima que, aunque la ayuda denunciada favorezca a todo este ramo industrial en Francia, en realidad beneficia particularmente a EDF (que representa un 80% del colectivo afectado), y calcula que la compensación que hubiera tenido que satisfacer la compañía estatal gala para dar cumplimiento a dicho compromiso asumido por Francia podría superar los 5.000 millones de euros.

Por este motivo, Iberdrola insta a la Comisión Europea, "que está en mejor posición para obtener la información apropiada", a que compruebe el alcance de estas ayudas utilizando los poderes y prerrogativas de que dispone.

Por otro lado, la eléctrica vasca denuncia que Francia habría concedido una ayuda estatal nueva a las industrias eléctricas y gasísticas desde 2005, al decidir que una contribución tarifaria a aplicar a la tarifa de utilización de las redes de electricidad y gas financie parte de la vinculación de los derechos por pensiones. Por ello, la compañía de Sánchez Galán pide que se examine este asunto en el marco del mismo procedimiento.