Así lo trasladaron a Servimedia fuentes de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, que sostuvieron que la decisión del juzgado cántabro es “contraria a la que se considera en los países de nuestro entorno y en la Unión Europea, cuya normativa el Juez no considera aplicable”. Por ello, consideraron que “se pone más de manifiesto la necesidad de que España establezca normativa para luchar contra el greenwashing, práctica que no merece análisis en la sentencia”.

En concreto, el juez ha desestimado la demanda porque considera que los consumidores españoles conocen lo que es Repsol y que su actividad principal son los combustibles fósiles y no aprecia que sus mensajes publicitarios afecten a sus decisiones de consumo.

En todo caso, Iberdrola se muestra satisfecha por “la victoria social” que ha supuesto que por primera vez se hable de forma generalizada entre la opinión pública y se denuncien las prácticas de “ecopostureo, de lavado verde, de empresas contaminantes que tratan de presentarse como si no lo fueran”.

En la misma línea, considera “un avance” que las administraciones públicas, organizaciones ecologistas, las asociaciones de consumidores hayan denunciado las mismas prácticas que denuncia la compañía.

También valora que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa hayan propiciado una directiva que empodera a los consumidores, una legislación específica contra las prácticas desleales y frente al ‘Greenwashing’.

Por ello, las fuentes consultadas concluyen que “con esta directiva en vigor y una vez traspuesta a nuestro país se atenderá un cierto vacío legal sobre esta materia en España” ya que otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia ya han tomado medidas severas con multas e incluso con la prohibición de publicidad de productos altamente contaminantes.