Rubio precisó que no ha leído dicho auto, por el que la jueza pide a las partes que formulen sus acusaciones contra los implicados en el 'caso Ibercorp', y se lamentó de que la prensa tuviera conocimiento del escrito antes que sus abogados, aunque añadió que "difícilmente puedo opinar nada a parte de que es totalmente infundado".

El ex gobernador, que todavía tiene ora causa pendiente ante el juzgado de instrucción número 6 de Madrid por la que él y Manuel de la Concha ingresaron en prisión, anunció que sus abogados presentarán un recurso contra dicho auto de la jueza "y ya se conocerán las reacciones jurídicas".

Respecto a la concesión de un crédito personal de 5.400 millones de pesetas en noviembre de 1991 al Banco Ibercorp, dijo que es "falso" que dicha entidad contara con los informes en contra del Banco de España. "No tiene ningún informe en contra, eso es cmpletamente falso", insistió Rubio, quien agregó que el auto "dice otras cosas que tampoco responden a la realidad".

Según recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Servimedia, la jueza imputa a Rubio la concesión de dicho crédito al Banco Ibercorp pese a que "las inspecciones llevadas a cabo por el Banco de España a dicha entidad bancaria a lo largo del tiempo ponían de relieve la existencia de determinadas irregularidades en la actuación y contabilidad del mismo y que se estaba efectundo por el Banco de España una inspección del Banco Ibercorp" tras su fusión con Sistemas Financieros S.A.

El auto añade que esa línea de crédito no fue expresamente solicitada por los representantes del Banco Ibercorp y se instrumentalizó en una póliza sin la intervención de un fedatario público.

Posteriormente, el Banco de España prorrogó en febrero de 1992 la fecha de vencimiento del crédito hasta mayo de ese año "a pesar de que la inspección antes dicha había emitido informe en fecha 6 de febero de 1992 en el que se hacía constar que la actividad del grupo es la especulación y el sostenimiento de cotización de las propias acciones, representando un claro riesgo".

La jueza señala, asimismo, que el 4 de marzo de 1992, el Banco Ibercorp promovió un expediente de suspensión de pagos, "medida adoptada al no dar sresultado las gestiones llevadas a cabo por Mariano Rubio en su domicilio particular con los representantes de otras entidades bancarias, en la que intervinieron Manuel de la Concha y aime Soto, a los que se les solicitió ayuda para salvar la crisis del Banco Ibercorp".

En opinión de la jueza, como consecuencia de ésta y otras actuaciones presuntamente delictivas "resultaron perjudicados los accionistas de Sistemas Financieros" sufriendo la sociedad "un deterioro patrimonial cifrado en 7.121 millones de pesetas".

Por estos motivos, la jueza imputa a De la Concha, Soto, Benito Tamayo y José Manuel Quesada Moya, responsables del Banco Ibercorp, los delitos de maquinación para alerar el precio de las cosas, estafa y falsedad en documento oficial, eliminando las acusaciones de cohecho, apropiación indebida y revelación de secretos que inicialmente les achaó.

Asímismo acusa a la hermana de Rubio y a su cuñado André Laurent Attahlin, a su primo Jaime Pittaluga, a Rafael Vázquez Padura, Joaquín Amo Alvarez e Ignacio Ramón Velasco Calderón de los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa.

Esta resolución judicial se produce después de que el pasado ms de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid anulase un auto dictado en mayo del pasado año por la jueza por el que incoaba procedimiento abreviado contra Rubio, De la Concha y otros clientes del Banco Ibercorp así como otra resolución posterior por la que acordaba la apertura de juicio oral contra los implicados. La audiencia alegó que los delitos que imputaba en dichos autos no estaban especificados.

Al igual que entonces, la jueza no ha incluído entre los inculpados a Miguel Boyer, Isabel Preyler y Carmen Posadas, entre otros, a pesar de que fueron acusados inicialmente por las partes.