Según Almunia, "estas cuestiones fueron analizadas por una comisión parlamentaria creada en 1994", y añadió que "en las conclusiones no pudimos probar que existió tráfico de nfluencias por más que las personas que comparecieron también figuraban en el auto del juez".

"Normalmente", añadió, "estas personas no declaran contra sí mismas ni en el Parlamento ni ante el juez, pero sí pusimos en las conclusiones que existía el convencimiento de que había tráfico de influencias".