El Ejecutivo vasco firmó hoy una declaración institucionaltras la decisión de la Justicia de archivar la causa penal contra el Lehendakari y dirigentes del PSOE y de la Izquierda Abertzale por reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Así, el Gobierno regional señaló que la decisión adoptada hoy por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es "la demostración más evidente de que el inicio de esta causa obedeció a un claro impulso político" y destacó "la clara politización de la Justicia que su desarrollo ha demostrado, desgraciadamente".

Además, realizó una "crítica profunda al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a quienes le han acompañado en este despropósito antijurídico y antidemocrático".

"El presidente del Tribunal Superior de Justicia es, además de juez, el representante institucional del Poder Judicial en Euskadi y, en esa función representativa, deben exigírsele responsabilidades ante la crisis que ha generado, que sigue abierta y pendiente".

En la declaración, el Gobierno autonómico manifestó también su preocupación porque "no se ha decidido sobre el fondo, sobre la legitimidad del diálogo político como forma civilizada de solución de los conflictos".

En este sentido, destacó su confianza en que esta causa no discurra por la misma senda que en su día siguió el denominado caso Atutxa, "que salió del TSJPV en idénticos términos a los adoptados hoy para luego concluir, como es de todos conocido, con una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo español".

Por ello, el Gobierno vasco abogó "por que el Tribunal Supremo español, seguro destino de los recursos que ya se han anunciado, atienda el fondo del problema y, por tanto, no vuelva a criminalizar el diálogo político".

"La búsqueda de soluciones para este país no puede estar pendiente de decisiones judiciales arrastradas a lo largo de los años. Euskadi necesita Paz, Diálogo y Soluciones. No pleitos que se activan y desactivan según intereses políticos coyunturales".

Asimismo, el Ejecutivo arremetió contra la "mal denominada Ley de Partidos, apoyada por el PP y el PSOE" y señaló que "ésta es el origen de las actuaciones penales seguidas contra el lehendakari".