En una rueda de prensa en la delegación del Gobierno vasco en Madrid, la "vicelehendakari", Idoia Zenarruzabeitia, reclamó que el Alto Tribunal anule "cuanto antes" la decisión del TSJ, que supone la "violación y la suspensión de derechos fundamentales" de Ibarretxe en el ejercicio de su cargo institucional.

El pronunciamiento del Constitucional, agregó, es"imprescindible para que el poder judicial pueda reponerse de la imagen depauperada" que tiene por decisiones como la del Supremo de anular la absolución a la Mesa del Parlamento vasco de la anterior legislatura por no disolver el grupo "Sozialista abertzaleak".

"La politización de la Justicia no puede ofrecer otro balance que la deslegitimación del poder judicial y del propio sistema democrático", subrayó Zenarruzabeitia, quien atribuyó esta situación a la ilegalización de Batasuna acordada por el "funesto instrumento jurídico y monumental disparate político" de la Ley de Partidos.

El Gobierno vasco quiere que el Tribunal Constitucional determine si la admisión a trámite de la querrella del Foro Ermua responde a un "error patente, una arbitrariedad o una irrazonabilidad manifiesta", ya que el auto del TSJ "reinventa el tipo penal de desobediencia" establecido en el Código Penal.

OBLIGACIÓN ÉTICA

En este sentido, la "vicelehendakari" vasca recalcó que "una reunión política nunca puede ser el delito", y así lo constata el propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al defender la negociación no con Batasuna, sino con ETA.

"En una situación de alto el fuego es una obligación política y hasta ética para el Gobierno de Euskadi reunirse con Batasuna", prosiguió, "y el lehendakari ha hecho, hace y seguirá haciendo todo cuanto esté en su mano para alcanzar la pacificación y la normalización política".

Preguntada por el archivo de la querella interpuesta en su día contra el entonces "conseller en cap" del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, por reunirse con miembros de ETA en Francia, Zenarruzabeitia recalcó que demuestra aún más "la incongruencia, cuando no la desfachatez, de los actos judiciales".