En el caso contrario, esta ONG de derechos humanos animó al Tribunal Penal Internacional a que asuma el caso y procese a los principales sospechosos.

El 27 de diciembre de 2007 hubo elecciones presidenciales y legislativas en Kenia. El entonces presidente del país, Mwai Kibaki, fue declarado ganador y juró su cargo tres días después, a pesar de que el líder opositor, Raila Odinga, se atribuyó la victoria y de que la comunidad internacional destacara que los comicios fueron parcialmente manipulados.

Los partidarios de Odinga provocaron disturbios en varias partes del país al asegurar que hubo fraude electoral y Kibaki fue denunciado ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad por ordenar a las fuerzas de seguridad disparar contra los manifestantes.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, afirmó hoy en un comunicado que "el tribunal especial es la mejor opción para ofrecer justicia a las víctimas" y añadió que "si el Gobierno manipula el tribunal, debe entrar el Tribunal Penal Internacional como último recurso".

A raíz de la violencia desencadenada por las elecciones presidenciales de 2007, el Diálogo Nacional y Reconciliación de Kenia, presidido por Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, acordó la creación de una comisión de investigación.

Este órgano recomendó amplias reformas de la policía y la creación de un tribunal especial independiente para Kenia, con jueces y fiscales internacionales.

El juez Philip Waki, que encabezó la comisión, estableció un calendario para el establecimiento del tribunal y entregó un sobre cerrado a Annan con los nombres de los sospechosos, para que éste lo remitiera al Tribunal Penal Internacional.

Annan ha retrasado en dos ocasiones el envío del sobre al tribunal de La Haya (Holanda) para dar al Gobierno keniano la oportunidad de establecer el tribunal especial.