Eso supone que la conflictividad laboral de los empleados públicos (funcionarios y contratados laborales) se mantiee en niveles bajísimos en relación al sector privado. Las jornadas pérdidas por los empleados públicos supusieron sólo el 6 por ciento del total de jornadas dejadas de realizar por conflictos durante 1996, que se situaron en 1.457.061.

Dentro de las administraciones, las autonómicas fueron las más conflictivas, ya que en su ámbito se perdieron 59.225 jornadas laborales, más de dos tercios de las que dejaron de trabajarse entre los empleados públicos.

En todo caso, las 38 huelgas registradas en la administraciones públicas supusieron sólo una pequeñísima parte de las contabilizadas el año pasado, 883.