La CAVE-CECU invita al fiscal general del Estado a emprender cuantas acciones estime convenientes, tendentes a la proección del interés público de los ciudadanos y de la legalidad vigente.

Aducen que toman esa iniciativa al tener constancia de que los huelguistas realizan "un paro rotatorio de forma encubierta, con el fin de que los efectos económicos de la huelga no sean tan graves en sus respectivos salarios, repartiéndose de este modo el coste y peso de la misma entre los diferentes sanitarios y poder mantener, a la vez, completamente inactivos los quirófanos y la atención a los pacientes".

La CAVE-CECU, quedice representar los intereses de más de un millón setecientos mil ciudadanos, subraya que respeta el derecho de huelga, pero entiende que en caso de conflicto con el derecho a la salud, debe primar este último.

El escrito iba acompañado de más de 1.000 firmas recogidas en protesta contra la huelga y de las reclamaciones presentadas por usuarios de la sanidad afectados por los paros.

Según señaló el portavoz de la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios, Daniel Rubio, tras la entrega de a denuncia, "el fiscal general, Carlos Granados, deberá estudiar nuestra denuncia, investigar y tomar una decisión".

"Lo que la Confederación de Consumidores y Vecinos pretende", añadió Rubio, "es que la Fiscalia General ampare el derecho de todos a la sanidad pública".