Según afirmó Fernado Puig, secretario general de la Federaciónde Trabajadores de Salud de CCOO, el paro se comvocó "atendiendo a criterios políticos en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas" y con la intención de facilitar la implantación del modelo de aseguramiento del PP.

Puig explicó que el modelo sanitario popular partiría de la ruptura del aseguramiento sanitario actual de los ciudadanos y que se basaría en garantizar la prestación "independientemente de que se preste en la sanidad pública o en la privada".

Luis Miguel Alonso, responsabe del sector de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ratificó las afirmaciones de Puig y criticó a la Admistración por haber mantenido negociaciones con la CESM fuera del marco de la mesa sectorial de Sanidad.

"No aceptaremos ningún acuerdo franja", añadió, "porque es insolidario y favorece un clima de agravio comparativo con el resto de los funcionarios públicos".

MEDIADOR

Puig recordó que, ante el difícil momento que vive el conflicto, los acuerdos de febrero de 1992 permite a las partes nombrar un mediador que, en el marco de la mesa sectorial, ponga las bases de un acuerdo definitivo.

Ambos sindicatos esperan que el comité de huelga de la CESM tome la decisión de desconvocar una huelga que jamás debió se convocada por un sindicato que no se presentó a las últimas elecciones sindicales "y se apoya en la Organización Médica Colegial", dijo Puig.

CCOO y UGT repaldan la elaboración de un sistema retributivo que regule las retribuciones complementarias, como el complemnto de exclusividad o el de especial dedicación para los médicos que se comprometan a objetivos asistenciales. También piden la consolidación de los puestos de trabajo de los 38.000 interinos.