En el escrito de 26 páginas que Fidalgo y Méndez le entregaron hoy a Múgica se citan un total de siete artículos de la Constitución que la reforma del Gobierno habría vulnerado, según los sindicatos.

Múgica les ha trasladado su disposición a estudiar el documento de los sindicatos y proceder, dentro del plazo legalmente establecido, a decidir si presenta o no el recurso de inconstitucionalidad que le piden los sindicatos. Las centraes no están legitimidas para presentar recursos ante el Alto Tribunal.

Méndez dijo a los periodistas tras la reunión que el Defensor del Pueblo "debe hacer una apelación al poder público para que no se vaya a la deriva el barco de la protección".

El líder ugetista pidió a Múgica que tenga en cuenta el momento en el que el Gobierno aprobó el decreto, justo un día después de la convocatoria oficial de la huelga general.

Según Méndez, el Gobierno "quiere contraponer la legitimidad de los sindictos (para convocar la huelga) y la de las instituciones democráticas", en referencia al Parlamento, ya que el decreto ya estará convalidado por la Cámara Baja el 20-J. Esto es, en opinión de Méndez, "un hecho muy grave que no tiene precedentes".

Fidalgo, por su parte, insistió en que la reforma produce un "profundo destrozo" de los derechos laborales y sociales. Es un "decretazo", añadió, que se enmarca en una "profunda estrategia de desprotección de los trabajadores en activo y de los trabajadores enparo".

Ante estos hechos, la protesta de los sindicatos está "justificada" y también "está justificada la actuación de esta institución" contra el decreto.

Fidalgo indicó que, ante las acusaciones del presidente Aznar contra los parados, por una "presunción de fraude", el Defensor del Pueblo "a lo mejor puede intervenir". Esas acusaciones, prosiguió Fidalgo, "no las hemos oído, con esta saña y con este énfasis, hacia otros colectivos".