Según dicho organismo, la reforma coloca a los jóvenes en un plano de desigualdad con el resto de los trabajadores, que produce en general un desequilibrio en la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios.

Asimismo, entienden que el contrato de aprendizaje está mal pagado y "la formación es prácticamente inexistente, al suponer un 15% de l jornada laboral dificilmente controlable. Por tanto, se trata exclusivamente de abaratar la mano de obra sin que ello conlleve creación de empleo".

A juicio de los jóvenes, este tipo de contratos podría extenderse a jóvenes que están estudiando e incluso titulados de Formación Profesional (FP) y de Universidad, ya que en la normativa no se pide en ningún momento que los contratados acrediten la falta de titulación.