CiU considera que la tramitación del real decreto como proyecto de ley permitirá "una discusión sobre su contenido en el Parlamento y dar tiempo a retomar el diálogo con los agentes sociales".

Trías aseguró que su grupo intentará "evitar la demagogia" y promover cambios en el texto del Gobierno "sin necesidad de tirarnos los trastos a la cabeza". Los convergentes se abstendrán en el trámite de convalidación del decreto ley, porque entienden que su contenido es "mejorable". Pese a estas críticas, el portavoz convergente dijo que el real decreto tiene aspectos positivos, en especial los referidos a la vinculación de las políticas activas de empleo a las pasivas, que es una tendencia seguida en toda Europa.

Por su parte, el portavoz de Política Social y Empleo de CiU, Carles Campuzano, desgranó los cambios que su grupo defenderá en la tramitación como proyecto de ley de la reforma del Gobierno. A su juicio, las nuevas medidas deben ir acompañadas de un aumento de recusos para los servicios públicos de empleo, porque "si no, será un fiasco".

Según Campuzano, si lo que se pretende activar es la creación de empleo y que los desempleados se sientan estimulados para trabajar, "no debe poner el acento en la penalización y sí ofrecer asesoramiento personalizado".

Además, CiU quiere replantear el debate sobre la supresión de los salarios de tramitación para que ningún trabajador se vea perjudicado, y en este sentido estudia pedir que el Fogasa se haga cargo del pago e esos salarios.

Sugiere, asimismo, que se garantice un período de tiempo "razonable" al parado "para que se adapte a su nueva situación y esté en disposición de buscar empleo". Así, propone que se establezca un período de tres meses para empezar a proponerles cursos de formación u ofertas de trabajo.

En definitiva, CiU quiere que se tenga en cuenta la situación personal de cada desempleado, más que establecer límites kilométricos para las posibles ofertas de trabajo. Se opone a la exclusión del erecho a recibir la prestación por desempleo en el caso de los trabajadores fijos discontinuos y solicitará que se revisen las incompatibilidades para el cobro de subsidios que puedan perjudiciar a los parados mayores de 52 años.

Además, defenderá la existencia de bonificaciones de dos años para quien contrate a mujeres y la cotización voluntaria al desempleo de los trabajadores autónomos, lo que les daría derecho a recibir prestación si dejan de trabajar.