Cuando no fue posible la concertación social, los gobiernos también adoptaron la fórmula del decreto ley, como sucedió en la reforma laboral de marzo del pasado año o el "decretazo" de 1992 de recorte de las prestaciones por desempleo, que provocó una huelga general de media jornada.

El catedrático de Derecho del Trabajo indicó que no está justificada la aprobación por decreto de las eformas del mercado laboral, ya que estos cambios no tienen un carácter muy urgente y pueden retrasarse los dos o tres meses que puede durar el trámite parlamentario de un proyecto de ley.

Sagardoy recordó que entre los 21 decretos ley aprobados desde 1977, hay algunos "tan poco urgentes" como el 1/2000 de 14 de enero sobre mejora de la protección familiar o el 2/1995 para la libertad de amortización en las inversiones generantes de empleo.

Sin embargo, las reformas por decreto no sólo afectan almercado laboral, ya que, según los datos de Sagardoy, en todas las legislaturas desde el final del franquismo se ha aprobado más normativa por decreto ley que mediante cualquier otra fórmula legal.

Todos los gobiernos, tanto de UCD como del PSOE y del PP, han hecho un uso "habitual" del decreto, cuando es algo que "debe ser inusual". La actitud de estos gobiernos, añadió Sagardoy, "es criticable", ya que este sistema sólo estaría justificado para resolver problemas de evidente urgencia, como las ayuda por catástrofes naturales.

Sagardoy destacó que el Tribunal Constitucional aún no ha dictado ninguna sentencia anulando algún decreto ley, aunque en algunas resoluciones dice que deben promulgarse de manera "excepcional, no usual y motivada por verdaderos motivos de urgencia".

HUELGA

Este catedrático resaltó que la reforma del sistema de prestaciones por desempleo "es necesaria", aunque debería sufrir alguna modificación.

Sagardoy se refirió como un caso particular a la reforma del subsido agrario, que es un asunto "no estrictamente laboral", al llevar aparejado un factor "sociopolítico", como es el mantenimiento de la población en el ámbito rural.

La contestación de los sindicatos, prosiguió Sagardoy, "es un tanto desproporcionada, aunque legítima", al querer convocar una huelga general contra esta reforma.

Sagardoy destacó que se tratará de la primera huelga que se hace contra una ley, ya que en el momento en el que se celebre la movilización, el próximo 20 de junio, el decretoya habrá sido convalidado por el Congreso.