En una declaración común realizada por los comisarios de Transportes Neil Kinnock; el de Empleo, Padraig Flynn; y el de Mercado Interior, Mario Monti, el Ejecutivo muestra su preocupación por "la incidencia potencial de las barreras de los transportistas franceses en la libre circulación de mercancías y de personas".

La comunicación señala que los efectos de la huelga "corren el riesgo de afectar a las pequeñas y medianas empresas, que dependen de las descargas regulares y que deben asegurar el aprovisionamiento de sus mercados y de sus clientes. Cuando las empresas s ven afectadas, las consecuencias se dejan notar en el empleo".

Aunque defiende el derecho a la huelga, la Comisión recuerda que los Estados miembros tienen la oligación legal de asegurar el funcionamiento eficaz del mercado único y la libre circulación efectiva de bienes y de personas.

El Ejecutivo comunitario recuerda que en los últimos meses la Comisión ha tomado una serie de iniciativas dirigidas a abordar algunas causas del descontento actual en el sector de los transportistas.

En julio la Comisión Europea publicó un Libro Blanco sobre los sectores excluidos del campo de aplicación de la directiva actual sobre el tiempo de trabajo, especialmente el de los transportistas por carretera.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y el de Fomento, Rafael Arias-Salgado, han enviado sendas cartas al comisario europeo de Transportes en las que piden que se transmita al Gobierno francés la necesidad de establecer pasillos para permitir el tránsito de personas y mercancas por territorio galo.