Estos contactos se encuadran en el intento de la Mesa por sacar adelante a Huarte. Según Oliva, el plan de viabilidad diseñado por Huarte es "suficiente" para levantar la empresa, actualmente en suspensión de pagos pero contribuiría a mejorar la situación la entrada de un nuevo socio.

La Mesa considera que este probable socio debe tener "suficiente capacidad y solvencia" para la dimensión de Huarte, por lo que sólo ha realizado la propuesta de sentarse a negociar a dos grandes constructoras, que están pendientes de la decisión de su Consejo de Administración, según Oliva.

Además, el presidente de la Mesa se reunirá en las próximas horas con miembros del ICO para que el instituto público conceda un crédito e 10.000 millones de pesetas y avales por otros 15.000 millones recogidos por el plan de viabilidad de Huarte.

La actuación del ICO se ha convertido en fundamental en la crisis de la empresa, ya que los bancos acreedores han aceptado el plan de viabilidad, aunque lo han condicionado a dicha aportación monetaria. El ICO ha respondido que entre sus funciones no está ayudar a empresas privadas en crisis, aunque ha dejado en manos del próximo Gobierno la decisión final.

Rufino Oliva tratará de convener al ICO de la relevancia social de la posible quiebra de Huarte, que podría llevar al paro a 26.000 trabajadores de las empresas subcontratistas, además de los propios de Huarte.

"Si no se resuelve el tema Huarte, que se vayan preparando las grandes constructoras, porque no vamos a admitir que se nos pague más allá de 60 días ni con ningún tipo de avales o pagarés no a la orden", aseguró Oliva.

Mientras tanto, continúan llegando adhesiones al plan de viabilidad de Huarte por parte de los proveeores, aunque Oliva reconoció que en menor medida que anteriormente, ya que los volúmenes más importantes se produjeron en los primeros días. Actualmente se han adherido más del 75% de las deudas de los subcontratistas, que son de 31.000 millones de pesetas.

La Mesa quiere realizar una nueva asamblea en el Palacio de Congresos de Madrid para ratificar estas adhesiones y conseguir algunas nuevas, ya que para que el plan de viabilidad pueda salir adelante se necesita el visto bueno del 85-90% de las deuds.

Por otro lado, la Mesa ha llegado a un acuerdo con la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO) para solicitar conjuntamente a las constructoras y la Administración que se les pague a 60 días, tal y como se deduce de la Ley de Contratos del Estado.