Esta organización, que deja clara su total desvinculación de estas acciones judiciales por entender que puede perjudicar a los intereses de 6.400 empresarios acreedores, asegura que estas iniciativas ponen en situación de alto riesgo la viabilidad del proyecto de Huarte, "quizás premeditdamente".

Denuncia "las maniobras torticeras" del despacho jurídico encargado de tramitar las querellas, con el propósito de captar adeptos bajo "falsas promesas con la única finalidad del lucro personal".

Los subcontratistas señalan que "en ningún caso esas dos querellas pretenden garantizar el cobro de las deudas contraídas por la empresa constructora y, en todo caso, debe prevalecer el trato de igualdad de todos los proveedores en el convenio y recuperación de los créditos".

No obstante, a Asociación aclara: "Ejercitaremos todas las acciones legales contra los responsables de la gestión de Huarte que han ocasionado la suspensión de pagos en perjuicio de los proveedores, una vez se haya garantizado el cobro de los 17.000 millones del convenio de acreedores".

También manifiesta su intención de apoyar la viabilidad futura de la constructora, lo que pasa "por la concesión del crédito del ICO y la integración definitiva del señor Villar Mir en la sociedad".