Fuentes conocedoras de la operación aseguraron a Servimedia que la decisión está ya en las manos del nuevo Ejecutivo del PP, ya que el ICO por sus propias competencias no puede dar ayudas a una empresa privada en situación de crisis, y que los nuevos responsbles políticos se han comprometido a dar su respuesta en el plazo mencionado.

Además de los 5.000 millones de pesetas en crédito puro a interés prácticamente de mercado, Huarte ha solicitado otros 15.000 millones más en avales para que puedan cobrar sus proveedores y acudir a nuevas obras.

El plan de la empresa, presidida por Rafael Fernández, es intentar el levantamiento extrajudicial de la suspensión de pagos, para lo que cuenta ya con la aceptación de la mayoría de las partes implicadas (trabaadores, proveedores, obligacionistas y banca), que tendrían que capitalizar parte de sus deudas y salarios.

Si no fuera posible, habría que acudir al convenio judicial de acreedores, para lo que los interventores judiciales trabajan ya en su informe definitivo sobre las cuentas de la empresa.

De momento, Huarte cuenta con el visto bueno del 90% de las deudas bancarias a su plan, lo que supone que unas 15 entidades financieras se han mostrado de acuerdo a capitalizar el 50% de sus créditos puros, egún fuentes de la constructora. Pero aún continúan las negociaciones con otros bancos, que tienen montantes de deudas inferiores.

Por su lado, los trabajadores también han respondido masivamente aceptando la reducción de sus salarios en un 25% durante los dos próximos años.

Actualmente, la empresa ha reiniciado unas 90 obras, lo que supone la mitad de su cartera. Esto ha sido posible gracias a la intervención de los interventores judiciales, que se dirigieron a las administraciones públicas y bacos para garantizar estas actuaciones.