HRW reclamó a los países que han firmado la Convención sobre Municiones de Racimo que no faciliten "de ninguna manera" el uso de estas armas, incluso en operaciones militares conjuntas con los aliados que no se han adherido al tratado.

Algunos socios militares de Estados Unidos, como Australia, Canadá y Reino Unido, han promovido una interpretación de la Convención que permite ciertas formas de uso de municiones de racimo en las operaciones militares conjuntas.

Sin embargo, un informe jurídico de HRW desmiente esta argumentación y defiende que la Convención sobre Municiones de Racimo prohíbe expresamente la prestación de cualquier tipo de uso de bombas de racimo.

Así, el artículo 21.3 de la Convención permite a los Estados signatarios de la Convención participar en operaciones militares conjuntas con otros que no la han firmado, pero el artículo 1.c prohibe a aquéllos ayudar a éstos con actividades no autorizadas en la Convención, que prohibe el uso, producción, transferencia y almacenamiento de las municiones de racimo.

De esta forma, HRW asegura que estas dos disposiciones son compatibles, es decir, se permite la cooperación militar, pero no el uso de las municiones de racimo.

Bonnie Docherty, investigadora de la División de Armas de HRW, instó a los países a que resistan "la presión política de los aliados, incluidos los Estados Unidos, para debilitar este tratado".

La Convención sobre Municiones de Racimo se firmó en Oslo (Noruega) el pasado 3 de diciembre y ha sido ratificada por diez países, entre ellos España, pero son necesarias 30 ratificaciones para que entre en vigor.