El Senado de este país podría votar este proyecto de ley esta semana. La norma, según HRW, está acompañada de "un clima de hostilidad hacia los inmigrantes, alentado por las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno".

En este sentido, añadió que "el Gobierno de Berlusconi está tomando una línea cada vez más dura contra los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo".

Judith Sunderland, investigadora de HRW, afirmó que "el tratamiento de los inmigrantes como criminales no resolverá los retos de la inmigración en Italia. Esto sólo fomenta la intolerancia y, lo que es peor, es contra personas cuyas vidas ya son suficientemente duras".

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de mayo, impone una multa de hasta 10.000 euros a los extranjeros que entren en Italia sin permiso y amplía de dos a seis meses el tiempo máximo que se permite a las autoridades a detener a inmigrantes y solicitantes de asilo con fines administrativos.

Para HRW, uno de los aspectos "potencialmente más peligrosos" del proyecto de ley es una disposición que autoriza a crear "grupos de ciudadanos" que patrullen las calles para ayudar a los policías a combatir la delincuencia.

Sindicatos de médicos y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que esta medida obligue a la salud pública y a los trabajadores del sector de la educación a informar de los inmigrantes indocumentados que buscan atención médica y otros servicios, ya que el Código Penal exige que los funcionarios den cuenta de conductas criminales.