En un informe de 56 páginas, HRW exigió la eliminación de la detención administrativa y la abolición de la Ley de Prevención del Delito, ya que provoca más de 10.000 casos cada año y uno de cada cinco reclusos en las cárceles de Jordania.

De hecho, HRW explicó que la Ley de Prevención del Delito permite la detención por un simple acto administrativo, sin tener que demostrar que se ha cometido un delito, y permite a las autoridades a detener a personas que son "un peligro para la gente", un término vago que abre la puerta a abusos.

HRW detalló casos de gobernadores que dictan órdenes para encarcelar a presos cuyas condenas han vencido, a sospechosos de un crimen a quienes los jueces han concedido la libertad bajo fianza y a víctimas de delitos en lugar de sus autores.

Además, según HRW, en Jordania también se detiene administrativamente a mujeres maltratadas para su propia "protección", a mujeres sospechosas de "comportamiento inmoral" y a vendedores ambulantes.

Esta organización aclaró que no existe una duración determinada de la detención administrativa y que algunos de los detenidos se declaran en huelga de hambre para intentar buscar una revisión de sus casos.

El director adjunto de HRW en Oriente Medio, Joe Stork, señaló que "gobernadores y otros altos funcionarios no deben detener a las personas por vagas sospechas de mal comportamiento. Esta situación es una invitación al abuso".