Un prtavoz de ese departamento consultado por Servimedia cifró entre 700 y 800 los inmigrantes atendidos diariamente por cada oficina del país, aunque en los últimos días han llegado a las 1.100 personas.

Las previsiones de Interior son que a las 24 horas de hoy hayan solicitado legalizar su situación entre 115.000 y 120.000 extranjeros. Hasta la semana pasada, 105.000 inmigrantes habían presentado la documentación en todo el país, según las mismas fuentes, de los cuales el Gobierno ya había contestado a a mitad.

De esas aproximadamente 52.000 respuestas, el 90 por ciento han sido afirmativas. El mayor flujo es el procedente de Marruecos (entre el 40 y el 50 por cien de las solicitudes) y, a bastante distancia, con porcentajes que van entre el 2 y el 5 por cien, están Argentina, República Dominicana, Senegal, China, Perú, Polonia y Filipinas.

Por comunidades autónomas, la que mayor número de solicitudes ha recibido es Madrid (entre el 30-35 por ciento), seguida de Cataluña (20-25 por cien) y, ya n pequeños porcentajes, de Murcia, Gerona, Málaga y Alicante.

En Cataluña han sido resueltos favorablemente 12.000 de los 38.000 expedientes presentados desde el pasado 10 de junio, según explicaron hoy representantes del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Barcelona. También señalaron que, en el último día, podrían acogerse en Cataluña al proceso de regularización unas 3.000 personas.

AMPLIAR EL PLAZO

Xavier Olivé, responsable del CITE de Cataluña, manifestó que "esteperiodo de tiempo no es suficiente para regularizar todos los expedientes de trabajadores extranjeros. Habría que ampliar el plazo 3 ó 4 meses más".

Por otra parte, los trabajadores inmigrantes que regularicen su situación obtendrán una "legalidad cautiva del contrato de trabajo", según afirmó hoy a Servimedia Oscar López, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y coordinador de la campaña contra el racismo y la xenofobia "Iguales en Derechos".

"En el momento en que pierda su trabajo pueden volver a entrar directamente en las bolsas de clandestinidad y, evidentemente, esta es una situación injusta, de la cual el trabajador emigrante no tiene ninguna culpa", añadió López.

El portavoz de "Iguales en Derechos" señaló que "si a estos trabajadores, al adquirir su legalidad, se les está obligando a cotizar a la Seguridad Social y a pagar sus impuestos como todo ciudadano español, sin tener los derechos de los ciudadanos, es absolutamente injusto, inmoral, que por los avatare de las condiciones de contratación de sus empresarios y por la falta de voluntad política, vuelvan a caer en las redes de la clandestinidad".

Por su parte, el director general de Política Interior, Fernando Puig de la Bellacasa, declaró hoy a RNE que "la mayoría de los extranjeros que estaban en situación irregular en España van a poder trabajar y vivir de una forma completamente normal en nuestro país".

Oscar López indicó sobre estas manifestaciones que los hijos adolescentes de trabajadores exranjeros no podrán recibir formación profesional, al no estar contemplado este supuesto en la legislación educativa.

DERECHOS DIFERENTES

López añadió que ni los padres ni los hijos tendrán derecho a voto hasta que no transcurran un mínimo de 5 años. "Se habla de que después de que concluya este proceso de regularización van a tener los mismos derechos que los españoles. Es absolutamente falso", aseguró, "no hay una política de vivienda destinada a los inmigrantes; en el Ingreso Mínimo de Integración(IMI), no están contemplados en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".

El coordinador de la campaña contra el racismo opinó que la protección del Ministerio de Trabajo es "relativa, porque cuando se acaba persiguiendo el fraude laboral, el que acaba pagando es el trabajador".

En cuanto a los derechos de reunión y asociación, López afirmó que la Ley de Extranjería dispone que "tienen que informar muchísimo más que los españoles de sus reuniones y deben pasar unos filtros más complicadospara la legalización de sus organizaciones. En definitiva, es un asociacionismo tutelado".

"Evidentemente", añadió, "yo no le veo muchos pies ni cabeza con respecto a las declaraciones de derechos humanos que España ha firmado".

Además, los inmigrantes que consigan entrar en nuestro país sin contrato de trabajo a partir de ahora van a ser expulsados, señaló López. "Van a seguir funcionando los centros de internamiento, donde se les puede tener hasta 40 días; centros de internamiento que son cárcees reales. Es una figura de la retención que, además, ahora ya el señor Corcuera le ha dado fórmula jurídica".

Estos centros de internamiento, que se encuentran en las principales ciudades de llegada de extranjeros, como Las Palmas, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona o Valencia, son lugares donde "no hay la más mínima vigilancia de los derechos humanos, la situación sanitaria es bastante penosa o la higiene deja muchísimo que desear", según López.

La dificultad de algunos extranjers para ponerse en contacto con un abogado, "si es que no se enteran las organizaciones humanitarias rápidamente", puede originar que, cuando el trámite para evitar la expulsión culmine "y se le dé la razón", esa persona esté ya fuera del país, señaló el coordinador de "Iguales en Derechos".