Ello es posible, aseguran, al contener la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos "gravísimos pronunciamientos" que afectan a personas que no han sido nunca parte del proceso, como el constructor Pedro Gento, o siéndolo inicialmente, luego han sido apartadas.

Juan Astorqui, del entorno de Méndez Pozo, explicó también a Serviedia que Pedro Gento no ha sido citado a declarar en todo el proceso y "sorprendentemente" la sentencia le suspende la licencia de una obra en la que Méndez Pozo actuó como delineante.

De momento, el bufete que defiende a Méndez Pozo, condenado a siete años de cárcel, presentó hoy un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que también inhabilita al alcalde de Burgos, José María Peña, y a varios altos cargos del Ayuntamient.

El recurso está basado en esa supuesta violación de derechos constitucionales, supuestas infracciones de ley y quebrantamiento de forma en el fallo.

Según una nota de prensa del bufete, los magistrados que condenaron a Méndez Pozo, al alcalde de Burgos y a otros altos cargos municipales otorgan en el fallo más valor a lo "social y político" que a lo estrictamente jurídico, hasta el punto de que "sólo mediante el mecanismo de juicio del valor previo, fundado en conjeturas e indicios, que no en puebas", han podido condenar.

Igualmente, recuerdan los letrados, se "ha necesitado" crear un nuevo concepto de prevaricación y, "lo que es más importante", no se ha podido probar que Méndez Pozo recibiera un trato de favor respecto a otros constructores.