Según Mario García, presidente del Comité Espñol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), "después de veinte años sin una ley para el sector, contar con una ley de derecho, como es la de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, marca un antes y un después para nosotros".

No obstante, el presidente del CERMI declaró a Servimedia que durante el desarrollo reglamentario de la ley se pueden introducir algunas mejoras en el texto, aunque hace una valoración positiva del mismo.

En este sentido, Garcíarecordó que la norma incluye finalmente la inversión de la carga de la prueba, que obligará a probar que no hay discriminación por razón de discapacidad cuando se platee una denuncia sobre este particular, un aspecto "fundamental" para el movimiento asociativo de la discapacidad.

"Además", agregó, "señala que en un plazo de seis meses el sector de la discapacidad tiene que volver a sentarse como miembro de pleno derecho en el Real Patronato de la Discapacidad, prevé la creación de una oficina técnica e seguimiento de todas las cuestiones y el reconocimiento de la lengua de signos", entre otros temas.

Respecto a los plazos para adaptar los edificios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, Mario García señaló que, si bien la ley estipula un plazo de 17 años para los edificios ya construidos, las comunidades pueden establecer la necesidad de acometer obras antes de ese plazo.

"La ley", explicó, "lo que dice es que si en 17 años esas barreras no están eliminadas, se podrá irun juez y presentar una denuncia por discriminación".