Las asociaciones son mucho más críticas a la hora de valorar los logros de la LISMI, especialmente en lo que hace referencia a la dotación presupuestaria, "que ha sido insuficiente respecto a la cuantía de las prestaciones y muy exigente para acceder a las mismas", según la Confederación Nacionl de Sordos de España.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Sociales asegura que la financiación de este departamento para políticas de atención a personas con minusvalía se triplicó sólo en tres años, al pasar de 23.730 millones de pesetas en 1988 a 79.806 millones en 1990.

Hoy están protegidos, según los datos de este departamento, 511.846 minusválidos y enfermos crónicos. El esfuerzo económico para conseguir esta prestación en 1991 supuso una inversión de 175.000 millones de pesetas.

Práticamente todas las asociaciones reconocen que esta ley ha contribuido a mejorar la actitud ciudadana y política hacia las particularidades del mundo de la minusvalía, aunque los beneficios reales "han sido inapreciables", estima CRECER.

Sin embargo, la integración social y laboral de estas personas, que era el fin último de la LISMI, es valorada negativamente por estas organizaciones y sólo salvan la normalización educativa, "conseguida en el papel y en las buenas intenciones, pero que no ha calado e el mundo educativo", asegura Axilia.

En cuanto al acceso al trabajo, las asociaciones consideran que no existe voluntad política de hacer cumplir la reserva del 2 por ciento de las plazas en empresas de más de 50 trabajadores en plantilla para este colectivo y que actuamente no se cumple ni en empresas públicas ni privadas.

También critican la escasa presión de los sindicatos y la falta de una política seria de inspección y sanción de las empresas que no cumplen la ley, "muchas veces por la falt de información sobre los beneficios que conlleva la contratación de estos trabajadores", apunta la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS).

CONTINUAN LAS BARRERAS

Las barreras arquitectónicas o de comunicación continúan existiendo en la España de 1992 y sólo algunos ayuntamientos se han tomado en serio esta cuestión, según la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales (FEASP).

En cuanto a la adaptación del transorte público, "no se ha hecho nada, lo que significa un agravio para los discapacitados. Estas personas pagan sus impuestos igual que el resto de la población, pero no reciben las mismas prestaciones", afirma la Asociación Nacional de Parapléjicos y Grandes Inválidos (ASPAYM).

Las actividades encaminadas a la prevención de los distintos tipos de minusvalías son escasas y la "mayoría de los programas que existen se desarrollan en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas y suelen estar interados en la atención sanitaria de carácter general", a juicio de FEAPS.

Una de las soluciones apuntadas por las asociaciones para mejorar los programas de prevención, como señala Auxilia, sería la organización de campañas informativas oficiales a través de los medios de comunicación.

La mayoría de las organizaciones consultadas estiman que los servicios sociales del país han mejorado tras estos 10 años, aunque continúan existiendo pocos centros de rehabilitación, las ayudas técnicas son escasas, as residencias deficientes y existen muchas dificultades para acceder a la vivienda.

OPTICA POLITICA

Los partidos políticos de la oposición aseguran que esta ley ha logrado el reconocimiento social de los derechos del colectivo en general, aunque no ha conseguido mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de cada individuo en particular.

A pesar de estas críticas, el PSOE cree que 10 años después de la entrada en vigor de la LISMI "puede afirmarse que esta ley ha tenido un desarrolo normativo satisfactorio y cierra una década de igualdad legal, que permitirá en los próximos años conseguir la igualdad real".

Izquierda Unida indica que a la hora de acceder al trabajo o la educación continúa existiendo una discriminación real para estas personas y critica el "amplio" incumplimiento, tanto de las empresas públicas como privadas, de la reserva del 2 por ciento de las plantillas de más de 50 empleados para minusválidos.

Para acabar con este fraude IU, PSOE y CDS proponen incremntar las inspecciones y sancionar las infracciones con multas, que podrían ascender desde las 50.000 a las 500.000 pesetas, como apunta el Partido Socialista.

El CDS comparte las críticas respecto a la integración laboral y denuncia la escasa atención del sistema público sanitario a la prevención de las minusvalía. También recuerda el "clamoroso incumplimiento de las disposiciones para la construcción de viviendas adaptadas, ya sean públicas o privadas".

La LISMI ha conseguido, según Convergènciai Unió, una concienciación de las administraciones autonómicas y locales sobre la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas en las ciudades. "Incluso en Cataluña se ha hecho una ley sobre este tema, que aún no ha sido llevada a la práctica", indicaron las fuentes consultadas.

El Partido Nacionalista Vasco considera que el desarrollo de la ley ha sido insuficiente y además no se cumple la reserva del 2 por ciento de puestos de trabajo en las empresas. Por ello, propone "consensuar en el Parlamentolos nuevos parámetros de una ley que resulte más eficaz".

El Partido Popular no ha contestado al cuestionario enviado por esta agencia, a pesar de haberlo recibido dos meses antes de redactar esta información.