La primera sesión de ese juicio, que continuará hasta el fin de semana, comenzó con un gran despliegue policial para evitar incidentes, ya que a las puertas de la sala se dieron cita tanto vecinos de Mancha Real y familiares de los payos acusadoscomo representantes de asociaciones gitanas y personas a las que destrozaron sus viviendas.

Entre los acusados se encuentran el alcalde de Mancha Real, Alfonso Martínez de la Hoz, apodado "El Veneno", y los concejales de la anterior corporación municipal.

El interrogatorio de alcalde de la localidad jiennense de Mancha Real, Alfonso Martínez de la Hoz, por parte del fiscal, José María Casado, y del acusador particular, Pedro Apalategui, centró la sesión de la mañana.

El fiscal insistió en que la corporación municipal sabía que el Gobierno Civil no autorizó la manifestación durante la que se produjeron los daños contra las viviendas gitanas; así como que le advirtió de que, en caso de llevarse a cabo la manifestación, ésta no pasase por la puerta de las casas de los gitano para evitar incidentes.

Por su parte, el alcalde aseguró que, a pesar de que encabezó la marcha de protesta, no tuvo conocimiento de que se produjeran las agresiones; aunque reconoció que sabía que algunos de los manifestantes llevaban armas.

El acusador particular centró su interrogatorio a Martínez de la Hoz en los puntos en que sus declaraciones entraban en contradicción con otros testimonios recogidos en el sumario.

El edil afirmó que desde su posición en la manifestación no pudo ver qu se destrozaran las casas, en contra del testimonio de los guardias civiles de servicio, que indicaron que la cabeza de la marcha se encontraba a unos 4 metros de una de las viviendas que estaba siendo asaltada.

Alfonso Martínez de la Hoz explicó que con esta marcha intentaban expresar el dolor de un pueblo por la muerte de un vecino y que lo que pretendían los concejales encabezándola era encauzar la tensión de los vecinos para evitar males mayores.

Además del alcalde, esta mañana prestaron declración otros 5 concejales. Estos insistieron en que se comunicó al Gobierno Civil la intención de realizar la marcha de protesta y que no se les prohibió.

Asímismo, aseguraron que no supieron que los delitos se estaban cometiendo hasta después de producirse.

En cuanto al defensor de la mayoría de los acusados, Enrique Ruiz Roldán, mantiene que no es posible identificar a las personas que causaron los daños en las viviendas, por lo que todos los acusados tienen que ser absueltos.

El fiscal pie un total de 135 años de cárcel y 15 millones de pesetas para los 22 procesados, mientras que el acusador particular eleva estas peticiones hasta los 165 años y 85 millones de indemnización por los daños morales y materiales causados a las familias gitanas.