La oferta pública de compra de suelo, a la que se destinarán 300 millones de euros, más 130 millones para la urbanización, dará prioridad a los terrenos que se puedan transformar con mayor celeridad y a los que se encuentren en áreas urbanas y en grandes municipios, a partir de 20.000 habitantes.

El Gobierno sólo valorará ofertas que sean viables económicamente y sólo se comprará edificabilidad residencial a precio del suelo de vivienda protegida. Además, los terrenos deberán permitir el desarrollo de al menos 300 viviendas, 150 en el caso de Ceuta y Melilla.

En el pliego de condiciones se establece que al menos el 50% de cada ámbito se adquiera a precio de vivienda protegida de alquiler o de régimen general, mientras que el resto podrá ser una combinación del precio del suelo de los otros tipos de vivienda protegida que contempla el plan estatal.

Los propietarios de suelo deberán mantener sus ofertas por un plazo de cuatro meses para que Sepes realice estudios de viabilidad, sirviendo además este tiempo para llegar a los acuerdos de desarrollo de las actuaciones que sean necesarios con los ayuntamientos y comunidades correspondientes.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha defendido que esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar la urbanización de suelo para viviendas protegidas, ya que el actual frenazo del mercado inmobiliario podría "conllevar un estrangulamiento en la construcción de VPO a medio plazo".