Goig insistió en que no se opondrán a este cambio porque se garantiza el sometimiento de los nuevos entes a la Ley de Contratos del Estado y la vinculación del personal "que sigue siendo asimilado a funcionario".

"Entendemos", añadió, "que el problema no está en que los centros tengan una determinada personalidad jurídica, si están sometidos al control del Ministerio de Sanidad, y al protectorado que garantizará la prestación de los servicios".

Comisiones opina que esta nueva organizaión ofrecerá una mayor agilidad en la gestión de los centros, "al no estar sometidos a fiscalidad previa, que era un inconveniente que señalamos desde el sindicato a la hora de gestionar los centros".