La instrucción judicial abierta contra el presidente en funciones de Cantabria tiene su origen en la sentencia dictada contra él en el denominado "caso Hormaechea",en la que fue condenado a seis años de presión mayor y 14 de inhabilitación por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. En el fallo se pedía la separación de las declaraciones de los funcionarios que habían intervenido en la vista oral por si hubiese delito.

El fiscal consideró que de la declaración de Begoña Divar, determinante para la condena del presidente en funciones cántabro, se podía desprender la existencia de coacciones por parte del mandatario regional, por lo que solcitó al TSJC el inicio de la instrucción del caso.

Juan Hormaechea aseguró hoy que "en absoluto" había coaccionado a funcionario alguno. Se refirió a la carta de despido firmada por él y enviada a Begoña Divar en la que le indicaba que "ante la imposibilidad de prescindir de sus servicios" por su condición de empleado público le solicitaba que se quedase en casa recibiendo su salario hasta el momento de la jubilación asegurando que él no podía hacer eso.

A pesar de que el escrito se encuentra en oder del juez instructor, Hormaechea insiste en que esa carta lo único que recoge es "un deseo, que evidentemente mantengo, porque en mi opinión no se ha actuado correctamente. Esto no se puede considerar presión, porque lo funcionarios pasan de eso".

Dos horas antes de la declaración del presidente en funciones de Cantabria ante el magistrado José Redonde fue Begoña Divar quien compareció ante el juez para ratificarse en su declaración durante la vista oral del "caso Hormaechea" y certificar que se prsona como parte interesada y acusadora en estas nuevas diligencias.

El abogado de Divar, Benito Huerta, quien ejerció la principal acusación particular en el "caso Hormaechea", sostuvo que los hechos son "una serie de actos con las que se ha pretendido coaccionar" a los funcionarios, y explicó que además de este delito podría aplicarse otro prevaricación.

Huerta señaló que han solicitado del magistrado instructor que solicite la incorporación a este proceso la querella interpuesta por el Consejode Gobierno de Cantabria contra Begoña Divar por el supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas por considerar que la presentación de la misma es "un paso más en el item coaccionante durante toda una época que ya dura años".