Según los datos aportados ayer por el senador socialista por Cantabria y miembro de la comisión mixta del Tribunal de Cuentas Juan José Sota, éste ente está realizando una fiscalización "con carácter especial" por considerar que existe un descontrol de los fondos públicos y un deseo de enmascarar la realidad por parte de los responsables de la Diputación Regional.

El senador socialista señaló que se han detectado irregularidades en las operaciones de crédito incorporado, al carece la mitad de ellas (10.516 millones de pesetas) de la financiación prevista, y en la concesión de avales, en los que no se pudo entrar al no haber sido remitida la información sobre el destino de los mismos.

El jefe del Ejecutivo cántabro aseguró desconocer la falta de esta documentación, aunque indicó que a su juicio se habían aportado todos los documentos existentes.

En todo caso, Hormaechea afirmó que se trata de "un tema de los interventores. Yo políticamente puedo decir: 'dad un aval', pero a documentación deben determinarla los funcionarios, que cobran 10.000 millones al año".

En cuanto a las desviaciones en el gasto detectadas por el Tribunal de Cuentas y que según Juan José Sota son de un 39 por ciento, Hormaechea consideró que esto es "una decisión política y son mucho menores que las del Gobierno de la nación".