El Ejecutivo cántabro añade que "la opinión del fiscal jefe parece más tendente aapoyar las tesis de su cuñado Movilla que las reflejadas en su informe de agosto de 1992, en el que solicitaba, insistimos, la libre absolución en el tema 'remitidos'".

El comunicado del Consejo de Gobierno continúa que "la calificación fiscal realizada por la Fiscalía del TSJC que él preside afirmó que 'el señor Hormaechea actuó en la convicción de que al ser atacado como presidente de la Diputación Regional y poner en tela de juicio su acción política debía defender el prestigio de tal institución einformar a la Comunidad por medio de remitidos de prensa abonados con fondos públicos, al poderse imputar tales gastos en el subconcepto 02, relativo a la publicidad y propaganda que se define en la resolución de 6 de abril de 1989 de la Dirección General de Presupuestos... abono al que se vio motivado porque las ruedas de prensa y comunicados que remitía para su publicación gratuita a ciertos periódicos o no eran admitidos o no tenían la misma publicidad que las manifestaciones realizadas por sus oponente políticos'".

En opinión del Gobierno cántabro esta tesis defendida por Lucio Valcárcel en la calificación fiscal de los hechos y por la que pedía la total absolución "no concuerda con la tesis que ahora defiende el señor fiscal-jefe y él sabrá las razones, ya que lo que no era delito hace dos años, cuando se realizó el informe, quien así lo ha escrito no puede cambiar de opinión, salvo para apoyar a su cuñado Movilla".

El Ejecutivo cántabro afirma finalmente que "seguirá calificando de aberranteesta condena por los remitidos de prensa, sobre todo cuando, además, otras instituciones como el Ayuntamiento socialista de Torrelavega empleó estas mismas prácticas con oponentes políticos y así lo hizo también el que fuera presidente de la Asamblea Regional, Eduardo Obregón, dirigente del PRC".