En los cuatro primeros meses del año, las horoas perdidas fueron 31.285.980, un 60 por ciento más que las dejadas de trabajar por huelga durante todo el ejercicio de 1991. Del total de horas perdidas en abril, algo más de 7 millones correspondieron a conflitos en las empresas por causas extralaborales.

Por otra parte, Fernando Fernández-Tapias, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), integrada en CEOE, hizo un llamamiento hoy a "la cordura de los líderes sindicales para que desconvoquen la huelga del día 28 y hagan un bien para el país y para ellos mismos".

Fernández-Tapias, que hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida hoy con el delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo, señaló que cada hora no trabajada en adrid supone unas pérdidas de 5.000 millones de pesetas.

A su juicio, la huelga del día 28 es "injustificada y desproporcionada y será gravemente perjudicial para la economía del país y para nuestra competitividad".

Propugnó como alternativa un "diálogo constructivo" entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos "para establecer objetivos conjuntos que permitan la competitividad de España". .

El responsable de la patronal empresarial madrileña afirmó que, aunque los sindicatos han infomado que unas 20.000 personas formarán parte de piquetes de Madrid el día 28, "a los empresarios no nos van a asustar".

Fernández-Tapias informó a Segismundo Crespo que las empresas asociadas a CEIM mantendrán las empresas abiertas durante la huelga y que espera que se garantice el acceso a quienes deseen trabajar.

SERVICIOS MINIMOS

También se pronunció hoy sobre la huelga del día 28 el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, quien manifestó que el Ejecutivo regional debe garantiar el transporte colectivo marcando unos servicios mínimos, al no conseguir llegar a un acuerdo con los sindicatos.

Insistió en que "las administraciones públicas tienen el derecho a garantizar las libertades. En primer lugar, asegurar la libertad de huelga y, en segundo lugar, el ejercicio al derecho a trabajar".

A juicio de Leguina, los servicios mínimos garantizan "poder ir a trabajar a quien quiera y aseguran a los que hagan la huelga poder estar en sus puestos de trabajo a las doce del medioía sin sufrir las consecuencias de llegar tarde".

El responsable del Gobierno madrileño dijo, finalmente, que en el supuesto de que los comercios o instalaciones sufrieran daños durante la huelga, "cosa que creo que no se producirá porque no es voluntad de los sindicatos, las administraciones públicas procurarán solucionar los problemas de los propietarios".