Así lo decidieron hoy la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) y los sindicatos CCOO y UGT (representados en la Mesa Estatal de Comercio) y la Confederación Española de Comercio (CEC), si bien estos últimos insistieron en que harán una protesta gradual a lo que apruebe el Gobierno.

El presidente de la CEC, Pere Llorens, acusó al Gobierno del PP de "engaño electoral" al hber prometido en Cataluña que no se retocarían los horarios comerciales y ahora "empecinarse" en la liberalización con el "único" objetivo de que las grandes superficies (Alcampo, el grupo Carrefour y El Corte Inglés) logren incrementar sus beneficios en unos 300.000 millones de pesetas anuales.

"Va a ser el holocausto del pequeño y mediano comerciante", auguró Llorens, quien precisó que la contrariedad con la pretensión del Gobierno no es sólo de los comerciantes, sino todos los partidos políticos e la oposición y de casi todas las comunidades autónomas.

En este sentido, citó a las comunidades de Cataluña, País Vasco, Baleares, Asturias, Extremadura, Andalucía, Valencia, Aragón, Murcia, Galicia, Castilla y León y Canarias, aunque precisó que algunas han reconocido a la CEC "en privado" que son opuestas a la medida, aunque no se atrevan a afirmarlo así ante el Gobierno de Madrid.

Llorens insistió en que los comerciantes "no perdonaremos" a Aznar que tome esta medida y aseguró que realiarán una campaña de desprestigio del PP y de "su mayoría", recordando que utilizan la vía del decreto-ley para romper el consenso al que tanto aluden.

Finalmente, arremetió contra el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de quien dijo que ha rechazado reiteradamente dar explicaciones al sector sobre esta medida y no ha contestado ninguna de las cartas y mensajes que le han remitido.

PEQUEÑOS

Por su parte, Salvador Bellido, portavoz de la Mesa Estatal del Comercioanunció que 800.000 comercios cerrarán para protestar por la liberalización de los horarios y que también irán a la huelga los trabajadores de los propios hipermercados, porque se atenta sobre su calidad de vida.

"Reclamamos y exigimos al Gobierno que si pretende modificar la buena ley que regula actualmente este sector la lleve al Parlamento y abra un periodo de consultas con los afectados", insistió Bellido.

Además, acusó al Gobierno del PP de "dejarse llevar por la presión" de las tres grades cadenas multinacionales de las que, además, dos son francesas. "¿Para quién gobierna este Gobierno?", se preguntó.

Finalmente, alertó del riesgo de convertir al sector de los supermercados y la distribución en un monopolio con tres o cuatro empresas, que nos conduciría a una situación similar a la de las petroleras, que controlan el mercado y fijan los precios.

Bellido aseguró que el cierre patronal cuenta con el beneplácito de los sindicatos CCOO y UGT y con el apoyo de la asociación queengloba a los supermercados de tipo medio, Asedas, por lo que la "bajada del cierre" de los comercios podría privar a los consumidores de acceder al 90% de los establecimientos repartidos por toda España.