En una entrevista concendida a Servimedia, Aguirre opina sobre la polémica suscitada tras la difusión del informe de la Real Academia de la Historia que denuncia sectarismo nacionalista en la enseñanza de la Historia en algunas comunidades.

Aguirre, que fue ministra de Educación y Cultura durante la pasada legislatura, invocó el consenso que se había alcanzado entre los expertos en la materia, los rupos parlamentarios y los gobiernos autónomos en relación con el real decreto de Humanidades que su departamento confeccionó en su día.

En este sentido, apeló a las partes a que, en la actualidad, mantengan el mismo criterio de entonces con el fin de que la actual ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, saque adelante el real decreto que sobre este particular está elaborando, en el que se fijan los criterios mínimos de la enseñanza que todos los escolares deben recibir, independientement de la comunidad en que residan.

Para Aguirre, lo que señala ahora la Real Academia de la Historia no difiere, en lo sustancial, de lo que la comisión de expertos -integrada por consejeros autónomos, profesores, etcétera-, determinó en un informe redactado en 1998 y que ella misma, como ministra responsable entonces, presentó públicamente.

"No me ha sorprendido el informe", afirmó, "ya que desde que tomé posesión del cargo de Cultura, en 1996, ya en la solemne sesión de apertura de la Academia prnuncié unas palabras llamando la atención sobre el hecho de que la historia como tal había desaparecido prácticamente de los programas de la enseñanza media en España".

Al respecto, Aguirre no quiso pasar por alto la circunstancia de que en el Congreso, el real decreto que había elaborado su departamento sobre Humanidades fuera rechazado por el PSOE y, por tanto, suspendido: "Fueron simplemente cuestiones políticas en el Congreso y el deseo de propinarle una derrota al Gobierno de entonces lo que impiió que se hiciera", rememoró.

En su opinión, el último informe de la Real Academia de Historia "me parece que trata con una profundidad y con un detenimiento especial la situación en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, reflejando las carencias que en estos momentos tienen en lo que se refiere a la historia".

"La verdad", agregó, "es que este informe me ha dado la razón. El dictamen que realizó la comisión de expertos desde 1996 a 1998 -explicó- se aprobó por unanimidad con el voto fvorable de los representantes del Ministerio de Educación y Cultura y de las distintas comunidades autónomas. Ya entonces venía a reconocer que hacía falta que los niños españoles conociesen mejor las Humanidades y en lo que se refería a la historia que se conociera más historia en general y de España en particular".

"Al margen de que me hayan dado la razón, yo he trabajado en esa línea; creo que denuncié el problema de los localismos, de la inexistencia de las cuestiones comunes que todos los españols tienen que aprender, como comunes son muchas cosas que aprendemos con los europeos o con los estudiantes de todo el mundo, y me parece que el excesivo hincapié en las cuestiones puramente localistas se hacen muchas veces en detrimento de la cultura general, que creo que es de lo que debemos huir en la enseñanza secundaria", opinó.

PACIENCIA

Preguntada por la situación política actual y las expectativas de que el nuevo real decreto de Humanidades salga adelante, dijo Aguirre que "las cosas de palaco van despacio". En este sentido, señaló que "el debate realizado hasta ahora sobre las Humanidades ha sido enormemente positivo para toda la sociedad española y a este respecto hay que decir que ya hubo un consenso general en cuanto al dictamen que en junio de 1998 aprobaron los expertos y que el Ministerio de Educación y Cultura presentó".

"Estoy convencida -prosiguió- de que la ministra (Pilar del Castillo) tiene un espíritu de llegar a acuerdos y de que las distintas administraciones educativas delas distintas comunidades autónomas van a ser respetuosas con las competencias que el Gobierno tiene atribuidas por ley".

"La Logse", recordó, "le atribuye al Gobierno de la Nación no ya la facultad sino la obligación de establecer las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que tener, cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudie".

"Si a eso añadimos que los propios gobiernos de esas comunidades autónomas y, especialmente los nacionalistas catalanes, vascos y hasta l propia Junta de Andalucía, estuvieron ya de acuerdo en firmar y votar por unanimidad aquel dictamen (de 1998), estoy convencida de que se puede llegar a un acuerdo ahora".

En relación con la postura que pueda mantener el PSOE en la presente legislatura sobre esta cuestión, indicó que "aquí en el Senado, en el invierno de 1997, ya se llegó a un acuerdo con el Grupo Popular, que entonces tenía también mayoría, pero se llegó a un acuerdo". Por esta razón, apostilló, "estoy convencida de que la ministra ctual va a lograr sacar algo que va ser en beneficio de la mejora de la calidad de la enseñanza de todos los españoles".