A juicio de "Ciudadano", "los actuales ministerios de Economía y Justicia no han hecho más que presentar a la opinión pública como suyas dos medidas que ya están en vigor desde 1994 gracias a la Ley sobre Modificación y Subrogación de Préstamos hipotecarios".

Los consumidores califican de "chocante" que, "tratándose de una cuestión de tanta importancia para los ciudadanos, la Administración, en vez de legislar, como se hizo en1994, haya optado simplemente por patrocinar un acuerdo en el que lo único que se hace es expresar estupendas intenciones. El problema no es sólo que no se haya firmado ninguna ley, sino que ni siquiera se ha dado forma escrita a estas medidas, que quedan reducidas a un mero acuerdo verbal".

Se quejan además de que los usuarios, en vez de contar con una norma clara a la que poder recurrir, tengan que conformarse con un mero "pacto entre caballeros", lo que resulta confuso, incierto y falto de garantía.

"La confianza del Gobierno en que la banca cumplirá lo acordado respecto a los préstamos hipotecarios podría ser excesiva, ya que si no ha aplicado condiciones a las que estaba obligada por ley, ¿por qué se supone que pondrá en práctica medidas que son más o menos voluntarias?", afirman las seis organizaciones de consumidores que integran la Fundación "Ciudadano".

Finalmente, indican que la reducción en un 50% de los gastos notariales y registrales, el punto que parecía estar más claro del acuedo, también presenta dudas, ya que estos profesionales no pueden cobrar lo que deseen ni hacer rebajas del 50% a sus clientes a partir de artículos de prensa. A este respecto, el informe recuerda que sus honorarios deben ser fijados por el Gobierno y publicados en el "Boletín Oficial del Estado", lo que no se ha hecho.