Según informaron hoy a Servimedia funtes del PP, esta iniciativa nace tras conocerse que el Servicio de Defensa de la Competencia estudia abrir un expediente para investigar si los hipermercados y las centrales de compra cometen abusos que rayen en la ilegalidad a la hora de negociar con sus suministradores.

Para el Grupo Popular, el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto, porque "con frecuencia pueden observarse en diversos contratos la existencia de cláusulas incomprensibles, leoninas y abusivas, que contradicen las exigencias e la buena fe exigibles en todo contrato y que rompen el equilibrio negocial, pero que tienen que ser a aceptadas por el usuario si quiere contratar el bien o servicio".

Para el PP, el Gobierno debe aprobar una regulación legal limitadora de estas prácticas, como ya han hecho otros países del entorno europeo.

Por ejemplo, en Francia, para evitar que los "híper" cometan abusos con sus proveedores, la legislación estableció que un distribuidor que impone nuevos precios a su suministrador deberá conederle un plazo mínimo de seis meses antes de romper el contrato, en el caso de que el fabricante no esté de acuerdo.

En España, el Servicio de Defensa de la Competencia ha decidido actuar tras diversas acusaciones lanzadas contra las cadenas francesas Alcampo y Pryca, por las exigencias que han planteado a los fabricantes del sector de alimentación de cara a la compra de mercancía para este año.

Alcampo ha exigido a varios de sus suministradores que le paguen con carácter retroactivo los descuenos que dieron en 1995 a la cadena Sabeco, integrada ahora en la multinacional francesa.