Hidrocantábrico rechaza la posibilidad de que, anualmente y durante un período de diez años, un 20% de la cantidad que corresponde a cada sociedad en concepto de compromiso regulatorio pueda ser redistribuida entre las propias empresas, en función de criterios como su balance o situación económica.

La eléctrica asegura que de ello podría derivarse una penalización económica a la eficiencia de la gestión, "introduciendo así un elemento de discrecionalidad en la asignación de ls citados recursos y un gravamen a la sociedad".

La compañía ha dado cuenta hoy de su postura a la autoridad reguladora, después de que su Consejo de Administración decidiera ayer por unanimidad no firmar el protocolo. No obstante, expresó su deseo de que en futuras negociaciones puedan eliminarse estos obstáculos, de forma que se pueda adherir al documento.

En su reunión de ayer, el Consejo dijo compartir "plenamente" los principios que inspiran el protocolo eléctrico, en especial los aspectos rferidos a la transición del sector hacia un mercado más competitivo, así como al descenso tarifario previsto y a los compromisos de la Administración respecto al carbón nacional.