Joan Herrera destacó en una nota de prensa que esa directiva supone "una vulneración flagrante de los derechos humanos".

En el mismo sentido, el eurodiputado de ICV, Raúl Romeva, lamentó el acuerdo al que llegaron los 27 e instó al Parlamento Europeo a "rechazar la directiva e iniciar un debate serio sobre una respuesta integral al fenómeno de la inmigración, partiendo del respeto a los derechos humanos".

Herrera indica que esa directiva "prioriza los aspectos más represores de la política migratoria, centrados en el internamiento, las expulsiones, las repatriaciones y las medidas coercitivas sin garantías de respeto a los derechos humanos y a la vida de las personas migradas".

"La aprobación de esta directiva significaría un atentado a los derechos humanos, ir hacia atrás en el proyecto de integración europea y un ataque a los principios fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar además de perpetuar la intolerancia y la segregación de la población más excluida y en situación más desfavorable", concluye.