A su juicio, los populares de CastillaLa Mancha han utilizado "una forma como otra cualquiera de engañar" para iniciar un proceso legal por el que el Tribunal Supremo deberá decidir si solicita el suplicatorio a la Cámara Baja para poder interrogar al diputado socialista sobre la extinción del Instituto de Promoción Industrial y la creación posterior de la Sociedad de Fomento Regional.

Según la denuncia de los populares, Moltó, consejero de Economía en 1985, trató de camuflar 350 millones de pesetas destinados a la inversión en la empresapública de fomento de Castilla-La Mancha. Le acusan de incurrir para ello en un delito de falsedad en documento público que el secretario general de los socialistas manchegos niega en todo momento.

"Lo que ocurrió es que la ley contemplaba la creación de una empresa pública con 2.000 millones de inversión de la Junta, pero establecía que esta nueva empresa recogiera los derechos y obligaciones de una organización previa, cuyas acciones estaban valoradas en 400 millones. El resto, 1.600 millones, se aprtaron en metálico para completar esa cifra de 2.000 millones", afirmó Moltó.

El PP de Castilla-La Mancha estima que el mandato de la ley obligaba a la Junta a aportar la totalidad de esos 2.000 millones en metálico sin tener en cuenta al valor accionarial del Instituto de Promoción Industrial.

AVALADA

Hernández Moltó recordó que esta operación fue investigada por el Tribunal de Cuentas, que avaló la gestión del Gobierno manchego y achaca a razones políticas la actuación del PP.

"Los populres están allí en una situación muy delicada porque no pueden justificar la subvención de 200 millones de pesetas del Grupo Parlamentario Popular, y por eso tratan de deteriorar por todos los medios a su alcance la imagen del Gobierno regional", aseguró el diputado socialista.

Moltó enviará al Tribunal Supremo, encargadao de decidir sobre su suplicatotio, un informe del letrado del gabinete jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha en el que se afirma que el caso "carece de trascendencia jurídica algna y mucho menos de orden penal".

Este informe va acompañado de los documentos emitidos por el Tribunal de Cuentas y por la Consejería de Industria del Gobierno regional, que avalan su gestión en este asunto.