Hernández-Gil respondió así a las últimas declaraciones del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien se ha mostrado partidario de garantizar la igualdad entre españoles y extranjeros para acceder a la justicia gratuita, ya que a estos últimos "se les piden unos requisitos menores".

A su juicio, exigir a los extranjeros los mismos documentos que, en principio, se pide a los españoles - como pueda ser un certificado del INEM en el que conste la situación de desempleo o percepción de ayuda y período al que se extiende- "puede ser tanto como negarles el derecho de defensa; aunque reciban el requerimiento pulcramente traducido al francés o al inglés, que es a lo más a que se llega, sea el ciudadano brasileño, ucraniano, pakistaní o senegalés".

Hernández-Gil se ampara en la Constitución para afirmar que "tan discriminatorio es tratar desigualmente lo igual como tratar igualitariamente lo desigual".

En su opinión, las circunstancias de los ciudadanos extranjeros sometidos en España a procedimientos de expulsión, devolución o rechazo en frontera, deben, "dentro del más estricto respeto a la legalidad", tenerse en cuenta "para no generarles indefensión y denegarles injusta o arbitrariamente el acceso a la justicia gratuita".