Esta circunstancia ha impedido que hoy, último día del plazo voluntario, se procediera a la demolición de las obras ilegales, en cumpliminto de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que confirmó una sentencia anterior dictada por el Tribunal Supremo, a instancias, entonces, del propio consistorio.

La nueva situación impide que la empresa de demolición encargada por el ayuntamiento pueda intervenir en los próximos días en una vivienda que está ocupada por personas distintas a la titular y propietaria de la misma y, por tanto, ajenas al contencioso.

Toda vez que la hermana del Rey no ejecutó hoy el deribo, es ahora el ayuntamiento el que debe actuar, aunque fuentes municipales consultadas por Servimedia reconocieron que serán necesarios varios días para analizar la actual situación desde el punto de vista jurídico, ya que -explicaron- "no podemos actuar en una vivienda que ocupan personas distintas a las que infringieron la normativa urbanística municipal".