Antes de comparecer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para explicar su imputación, Henríquez de Luna declaró a los periodistas que la denuncia por tráfico de influencias que la ha motivado es falsa y se mostró convencido de que hoy lo podrá aclarar.

Asimismo, reclamó al Grupo Municipal Socialista y a su portavoz, David Lucas, a quien "en toda la semana", dijo,"no se le ha caído mi nombre de la boca", que tenga la "gallardía política" suficiente para decir de qué se le acusa para pedir su expulsión del Partido Popular, en el que lleva militando 25 años, y del Ayuntamiento, donde ha sido concejal en el transcurso de los últimos 4 años.

Reiteró que el asunto por el que se le imputa no tiene ninguna relación con el "caso Guateque" y acusó a los socialistas de mentir cuando pretenden establecer vínculos entre ambos sumarios. "El juez ya ha dicho en tres resoluciones judiciales que esto no es así", indicó.

Respecto a su imputación y a la denuncia que la ha propiciado, el concejal calificó esta última de "burda venganza" de unas personas a las que la junta municipal del distrito de Salamanca precintó una oficina ilegal. "Esto no es más que una burda vendetta por esa actuación absolutamente legal que la junta municipal realizó hace dos años", explicó.

Henríquez de Luna anunció que cuando finalice el proceso judicial emprenderá las acciones legales que correspondan en defensa de su honorabilidad y añadió que todavía no ha recibido respuesta a la solicitud que trasladó al juez para declarar antes de septiembre. "A mí me parece que tenerme durante tres meses en el candelero público, sufriendo este juicio paralelo, es absolutamente injusto", recalcó.

Finalmente, insistió en que la actitud del Partido Socialista con respecto a él ha sido el "auténtico linchamiento político" de una persona sin tener pruebas y "eso es muy grave".

Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, aseguró que no tiene suficientes datos para relacionar la imputación de Henríquez de Luna con el "caso Guateque", pero sí para ligarla con la política del Partido Popular, que permite que en Madrid se esté perdiendo uso cultural, residencial y social en beneficio de otro tipo de actividades económicas que favorecen a unos pocos.

El resto de este asunto, manifestó Pérez a los periodistas, es "una guerra de familias, un episodio de 'Los ricos también lloran' en el que Izquierda Unida no tiene interés". "Nosotros tenemos interés en que sea la ciudadanía madrileña quien impute al Partido Popular por la política que está aplicando y que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría. Esa es una cuestión política que no se dilucida en los juzgados", concluyó.