El Boletín Oficial el Estado publica hoy la ley, que deja en manos del Ministerio de Sanidad y Consumo la tramitación, resolución y pago de estas ayudas. Los solicitantes deberán renunciar previamente a emprender reclamaciones por el contagio del virus de la hepatitis C contra cualquiera de las Administraciones públicas o centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud.

La percepción de la indemnización será compatible con la de cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera derecho a percibir, y quedaán excluidos de ellas los afectados que cuenten con una sentencia condenatoria contra la Sanidad pública por el contagio de esta enfermedad.

La ley establece que podrán beneficiarse de estas medidas las personas que no figuren en el censo definitivo previsto por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, "debido a circunstancias objetivas y debidamente acreditadas", según señala la ley.

En caso de que hayan fallecido las personas incluidas en el cnso, podrán percibir la indemnización los hijos menores de edad y mayores incapacitados, por partes iguales; o en su defecto, el cónyuge no separado legalmente o la persona que hubiera convivido con ella de forma estable, o los padres del fallecido.

A partir de la entrada en vigor del reglamento de esta ley se establece un plazo de 4 meses para la tramitación y resolución de las solicitudes.