Así lo anunció la organización en un comunicado en el que recordó que los "ajustes y adaptaciones" que implica comprenderán el uso de un lenguaje “claro, sencillo y accesible” en todas las comunicaciones orales y escritas dirigidas a estos colectivos.

Además, se ofrecerá el acompañamiento de una persona elegida por ellos mismos desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

Para las personas de 65 años o más la medida se aplicará cuando lo soliciten y para aquellas de 80 años o más se aplicará tanto cuando lo soliciten las propias personas mayores o con discapacidad como cuando lo solicite la propia autoridad judicial, esto es, de oficio.

En este contexto, subrayó la “vital importancia” de realizar cambios legislativos orientados a promover el acceso a la justicia de las personas mayores, al entender que la justicia es "la garantía de los demás derechos”.

Por esta razón, la organización insistió en “celebrar” este paso y dijo “confiar” en que se continúe “avanzando en esta línea” para alcanzar una sociedad “más inclusiva”, en la que las personas mayores “gocen plenamente de sus derechos fundamentales”, entre los que, recordó, “se incluyen el derecho a la tutela judicial efectiva”.